El año pasado, la Oficina del Sheriff del condado de San Diego transfirió a casi tres veces más personas detenidas a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que en 2024, según un informe anual.
El aumento drástico en estas transferencias se debe casi por completo a un incremento en las órdenes federales emitidas por ICE, lo que ha reavivado los llamados para que la sheriff Kelly Martinez ponga fin a esta práctica.
Bajo las leyes de “santuario” de California, los sheriffs pueden transferir a personas inmigrantes detenidas a ICE siempre y cuando hayan sido condenadas por ciertos delitos o si ICE presenta una orden federal.
En 2025, los agentes del sheriff transfirieron a 83 personas a ICE, frente a 30 transferencias en 2024. Martinez compartió estas cifras la semana pasada durante un foro público. Los datos muestran que 53 de las transferencias en 2025 se realizaron con base en órdenes federales.
Aunque muchas de las 83 personas tenían condenas por delitos violentos como homicidio, agresión, secuestro y abuso infantil, varias tenían delitos no violentos cometidos años atrás.
Por ejemplo, un ciudadano mexicano con una condena por robo en 1996 fue arrestado nuevamente en mayo de 2025 por posesión de drogas. La Oficina del Sheriff utilizó la condena de 1996 como justificación para transferirlo.
Familiares de uno de los hombres transferidos el año pasado, Cosme Koutalou, dijeron que llevaba 15 años viviendo en Estados Unidos.“La situación migratoria está completamente fuera de control”, dijo su tía, Memee Hernández, durante el foro. “Que te detengan por vidrios polarizados… y luego te arresten y te envíen a quién sabe dónde, imagínense cómo nos sentimos”.
Los registros muestran que Koutalou, ciudadano cubano, fue condenado por robo en 2022 y arrestado nuevamente en enero de 2025 por violar su libertad condicional. Días después fue transferido a ICE y posteriormente deportado a México.
Defensores de los inmigrantes pidieron a Martinez que deje de transferir a residentes de San Diego a ICE. Señalan que la ley estatal es discrecional, es decir, no obliga a los sheriffs a realizar estas transferencias, solo las permite. Activistas destacaron que otros condados, como Los Ángeles, ya han dejado de hacerlo.
La supervisora del condado, Paloma Aguirre, dijo que las leyes de santuario buscan fortalecer la confianza entre las autoridades locales y las comunidades inmigrantes, y argumentó que estas transferencias la debilitan.
“Sabemos que estamos viviendo en un momento en el que el miedo es real en nuestras comunidades; incluso lo llamaría terror”, dijo.
Hacia el final del foro, Aguirre preguntó a Martinez si planeaba cambiar la política de su oficina.
Martinez respondió que no. Afirmó que es más seguro para los agentes de ICE recoger a las personas dentro de las cárceles del condado que salir a las comunidades, donde podrían terminar arrestando a personas sin antecedentes penales, lo que ICE denomina “arrestos colaterales”.
“Si salen a la comunidad, habrá daños colaterales, y esa es mi mayor preocupación”, dijo Martinez.
En 2024, los supervisores del condado intentaron limitar la capacidad de Martinez para transferir detenidos a ICE. Sin embargo, ella ha sostenido que, como funcionaria electa de manera independiente, tiene la autoridad “única y exclusiva” para operar el sistema de cárceles del condado.
