Para contrarrestar la legislación reciente que aumentaría las penas para delitos menores, un grupo de legisladores estatales progresistas ofreció esta mañana un enfoque rival, centrándose en cambio en más servicios para delincuentes y sobrevivientes de delitos.
Están respaldando un nuevo paquete legislativo, denominado “#SmartSolutions”, para abordar el robo en comercios minoristas, el abuso de fentanilo y el apoyo a los sobrevivientes de delitos.
El paquete de 29 proyectos de ley incluye legislación presentada por 19 demócratas y dos republicanos: la senadora Rosilicie Ochoa Bogh de Redlands y el asambleísta Juan Alanis de Modesto. Está patrocinado por el Centro Ella Baker para los Derechos Humanos y Smart Justice California.
Las propuestas surgen en medio de la tensión actual entre los demócratas, que están divididos sobre cómo abordar la creciente preocupación pública por la delincuencia, a pesar de que las estadísticas muestran un panorama mixto. Por ejemplo, el robo en comercios minoristas aumentó en los últimos años, pero aún se mantuvo por debajo de los niveles previos a la pandemia en 2022, según un análisis del Instituto de Políticas Públicas de California.
Algunos legisladores demócratas y funcionarios locales, deseosos de demostrar que están actuando, especialmente durante un año electoral, han abogado por sentencias más duras para el robo en comercios minoristas o han respaldado una medida electoral para hacer retroceder la Proposición 47, una medida aprobada por los votantes en 2014 que elevó el umbral de delitos graves por hurto a $950.
Otros, sin embargo, argumentan que aumentar las penas y deshacer la Proposición 47 podría significar que California esté volviendo a las políticas duras contra el crimen de los años 1980 y 1990 que llevaron al encarcelamiento masivo.
“Algunos legisladores han respondido (al robo en comercios minoristas) impulsando políticas que se centran únicamente en medidas punitivas que profundizan nuestra crisis de encarcelamiento masivo en un momento en que California se ha comprometido a alejarse de él y desmantelarlo”, dijo la senadora estatal Lola Smallwood Cuevas, demócrata de Los Ángeles.
Smallwood-Cuevas patrocina dos proyectos de ley que requerirían que los condados establezcan programas de desvío para delitos relacionados con el robo y aumenten el personal en las cajas de las tiendas de comestibles.
“No estoy diciendo que no vamos a responsabilizar a la gente por las acciones que toman”, dijo en una conferencia de prensa en el Capitolio estatal esta mañana en la que hablaron otros tres legisladores. “No confiaremos en el encarcelamiento como solución, sino que buscaremos formas de desarrollar capacitación, crear habilidades profesionales, construir redes industriales que impulsen a nuestra gente a contribuir a nuestras comunidades”.
También esta mañana, dos proyectos de ley que endurecen la ley estatal en torno a delitos menores, como los robos en tiendas minoristas y los “aplastamientos y robos”, fueron aprobados por el Comité de Seguridad Pública del Senado. Son parte del “Plan California más segura” defendido por el nuevo presidente interino del Senado, Mike McGuire, un demócrata de Santa Rosa.
Según el Proyecto de Ley del Senado 1242, presentado por el senador Dave Min, un demócrata de Irvine que se postula para el Congreso, aquellos que prenden fuego durante un robo organizado en comercios minoristas podrían enfrentar penas más severas por incendio provocado imprudente a discreción del juez.
Rachel Michelin, presidenta de la Asociación de Minoristas de California, que apoya el proyecto de ley, señaló un incidente en septiembre en el que una mujer prendió fuego a una tienda Target para robar fórmula para bebés. “Cuando estas empresas son víctimas de un incendio provocado, no sólo provoca pérdidas financieras, sino que también perturba la economía local, provocando pérdidas de empleo y una disminución de la moral de la comunidad”, dijo durante la audiencia del comité. “Las penas más severas sirven como disuasivo para los posibles infractores y ayudan a proteger tanto la propiedad como la vida humana”.
Otro proyecto de ley patrocinado por el senador Scott Wiener, demócrata de San Francisco, crearía nuevos delitos para quienes irrumpen en vehículos para robar y para quienes roban e intentan vender artículos por valor de más de 950 dólares. El proyecto de ley solucionaría la “laguna jurídica de puertas cerradas” en la ley estatal, que actualmente requiere que los fiscales de distrito demuestren que las puertas de un automóvil o una casa estaban cerradas con llave al procesar a los ladrones, dijo Wiener.
Carl Nicita, principal enlace legislativo del Departamento de Policía de San Francisco, dijo que ese requisito es difícil de cumplir: “A menudo se pide a las víctimas que testifiquen ante el tribunal que su vehículo estaba cerrado. Pero cuando una víctima es un turista o un visitante, como suele ser el caso en San Francisco, puede ser muy difícil obtener el testimonio de una víctima porque vive en otro lugar”.
El proyecto de ley, dijo Nicita durante la audiencia, “enviaría un mensaje de que, si irrumpes en un automóvil, tendrás que rendir cuentas”.
Varios otros proyectos de ley sobre robo en comercios minoristas que aumentarían las penas o darían más autoridad a las autoridades policiales aún no han tenido audiencia. El Proyecto de Ley de la Asamblea 1990, de la asambleísta Wendy Carrillo, demócrata de Los Ángeles, permitiría a los agentes de Policía realizar arrestos sin orden judicial por delitos menores de hurto en tiendas, incluso si no estaban presentes cuando ocurrió el presunto delito.
La SB 923, del senador Bob Archuleta, demócrata de Norwalk, sometería a los ladrones con múltiples condenas previas a hasta tres años tras las rejas. El proyecto de ley estaba programado para una audiencia hoy, pero luego se reprogramó para el 16 de abril.
