Ana Ruiz se quedó consternada al ver cómo migrantes de algunos países eran liberados en Estados Unidos con órdenes de comparecer en cortes migratorias, mientras ella y otros mexicanos eran deportados en un viaje de autobús de una hora al puesto fronterizo más cercano.
"Están dando prioridad a otros países", dijo Ruiz, de 35 años, tras llamar entre lágrimas a su familia en el estado sureño de Chiapas desde el refugio para migrantes San Juan Bosco. El director del refugio dice que reciben unos 100 deportados al día, más del doble de los que veían antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmara un decreto que suspende los trámites de asilo en la frontera con México cuando las detenciones por cruces ilegales de la frontera alcanzan las 2.500 diarias.
La suspensión del asilo, que entró en vigencia el 5 de junio y ha supuesto una reducción del 40% en las detenciones de cruces ilegales, se aplica a todas las nacionalidades. Pero afecta especialmente a las que tienen más opciones de deportación, en concreto a los mexicanos y otras personas a las que México acepta recibir: cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La falta de dinero para vuelos arrendados, las malas relaciones diplomáticas y otras complicaciones operativas hacen más difícil deportar a gente de muchos países de África, Asia, Europa y Sudamérica.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que Estados Unidos trabaja con países de todo el mundo para que acepten más de sus ciudadanos deportados, y citó desafíos que iban desde las relaciones diplomáticas al tiempo que toma conseguir documentos de viaje.
"La realidad es que resulta más fácil llevar a personas de algunos países que de otros países", dijo en una entrevista el miércoles en Tucson, Arizona. "Sí llevamos personas a Senegal, llevamos personas a Colombia, llevamos personas a India. Puede ser más difícil".
Los mexicanos suponían el 38% de las personas detenidas en mayo, por debajo del 85% de 2011 pero aún la nacionalidad más frecuente por mucho. El sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza ha sido el más transitado para los cruces ilegales durante buena parte del año. El año pasado, casi tres de cada cuatro detenidos en esa zona eran mexicanos, lo que ayuda a explicar por qué la congelación del asilo ha tenido más efecto en Arizona. Las autoridades estadounidenses dicen que la media diaria de los últimos siete días en el sector de Tucson cayó a menos de 600 detenciones esta semana, respecto a las casi 1.200 del 2 de junio.
Los agentes fronterizos en Arizona han enfrentado una dura prueba desde finales de 2022 con la llegada de personas con nacionalidades difíciles de deportar, primero de Cuba y después de Mauritania, Guinea y Senegal. Muchos cruzan cerca de Lukeville, a unas cuatro horas en autobús de un gran centro de procesamiento en Tucson.
Muchos mexicanos cruzan de forma ilegal mucho más cerca de Tucson, en Nogales, Arizona. Algunos trepan un muro con escaleras fabricadas con materiales de una planta de cinturones de seguridad en el lado mexicano de la frontera, y desaparecen entre las viviendas y negocios en cuestión de segundos. Otros se entregan a los agentes de frontera para pedir asilo, y entran por huecos en el muro que se van reparando. Un grupo de 49 personas, en su mayoría mexicanos, esperó el martes a los agentes.
Algunos fueron trasladados al puesto de la Patrulla Fronteriza en Nogales, donde pueden estar retenidos seis días si expresan miedo a ser deportados, según las normas de suspensión del asilo, y buscan formas similares de protección que podrían permitirles quedarse, aunque con requisitos mucho más exigentes, como la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.
La mayoría son trasladados a un grupo de enormes carpas blancas cerca del aeropuerto internacional de Tucson, que se abrió en abril de 2021 para menores no acompañados. Ahora tiene espacio para 1.000 personas, incluidos adultos solos y familias, que duermen en colchones de espuma o literas.
El martes, en torno a una docena de personas que dijeron tener miedo a ser deportadas se sentaban en bancos en una enorme sala esperando a recibir instrucciones sobre la entrevista de filtrado, que incluye un margen de cuatro horas para llamar a abogados u otras personas y prepararse. Después fueron dirigidos a una de las 16 cabinas de teléfono insonorizadas.
El centro de procesamiento de Tucson ni siquiera realizaba esos controles hasta que Biden congeló los trámites de asilo. Eso suponía que más migrantes eran liberados con órdenes de comparecer ante una corte migratoria estadounidense, una práctica que se ha reducido de forma drástica en las últimas semanas. Las entrevistas con funcionarios de asilo se hacen por teléfono y toman unos 90 minutos.
Muchos migrantes que no logran pasar el filtro son deportados a Nogales, una amplia ciudad en el lado mexicano del estado de Sonora, y terminan en el San Juan Bosco, donde un enorme ventilador en una antigua capilla ofrece alivio del sofocante calor estival.
Francisco Loureiro, que gestiona el refugio en un barrio humilde en una colina, dijo que entre los mexicanos circula el rumor de que serán deportados si se entregan a las autoridades para pedir asilo, y que más gente intentará evitar ser capturada. Dijo que un migrante deportado había aceptado el martes la oferta de un contrabandista que estaba junto al refugio para tratar de cruzar sin ser detectado.
Ruiz dijo que no había tenido la oportunidad de explicar a un funcionario de asilo que temía regresar a México debido a la violencia de los cárteles. "Eran preguntas muy directas con respuestas sí o no. No podría decir, 'Tengo miedo porque....'", explicó.
Mayorkas dijo que las quejas sobre el proceso eran anteriores a la orden de junio de Biden.
"Tengo confianza en que nuestros agentes y funcionarios cumplen los protocolos, que nuestros protocolos son fuertes y tenemos experiencia sobre las personas que expresan temor", dijo.
Anahí Sandoval, de 30 años, dijo que había intentado evitar su captura tras cruzar la frontera en Nogales y verse abandonada por el contrabandista en el desierto. Dijo que había huido de Chiapas después de que ella y su esposo, que tenían un negocio de puertas y ventanas, se negaran a ser extorsionados por pandillas: su esposo fue asesinado, y ella dejó a su hija con un familiar.
"A los colombianos dan paso, pero a los mexicanos no", dijo Sandoval, que no pasó su entrevista y dijo sentirse enojada.
Araceli Martínez, de 32 años, dijo que tiene miedo de regresar a casa con su hija de 14 años a un esposo que la agrede físicamente, pero que nadie le preguntó y ella no sabía que tenía que pedir protección hasta que estuvo en un autobús con destino a México. Antes, los agentes de la Patrulla Fronteriza tenían que preguntar a los migrantes si tenían miedo de regresar a casa. Según las nuevas normas, los migrantes deben decirlo sin que les pregunten o mostrar indicios evidentes de angustia, como el llanto.
Martínez se mostró deseosa de pasar la noticia a otros. "La gente viene pensando que hay asilo, pero no hay asilo", dijo.
