Una investigación de KPBS reveló que funcionarios estatales y del condado han otorgado millones en exenciones fiscales a una organización local sin fines de lucro propietaria del Centro Regional de Detención Imperial.
El teatro llevaba años prácticamente vacío, y se notaba. Muchas de las paredes estaban desnudas. El piso estaba cubierto de polvo y excremento de paloma. En la parte trasera del edificio, una sección del techo faltaba, dejando ver una franja de cielo azul.
Pero, en cuestión de meses, prometió Timothy Kelley, con su voz resonando entre las paredes, el histórico edificio estaría renovado y en funcionamiento.
Kelley es fundador y miembro de la mesa directiva de la Fundación Comunitaria de Brawley, una organización sin fines de lucro registrada en la ciudad de Brawley, al norte del Valle Imperial. Una mañana reciente, estaba parado dentro del teatro que estaba en remodelación, en el centro de la ciudad, explicando el trabajo del grupo.
La fundación, dijo Kelley, fue creada para revitalizar el centro de Brawley invirtiendo en edificios antiguos, rehabilitándolos y usando las ganancias para comprar otras propiedades, una estrategia común entre organizaciones comunitarias de desarrollo urbano.
“La mayoría de la gente no invertiría en una propiedad así”, dijo. “Nosotros sí.”
Pero la Fundación Comunitaria de Brawley no solo ha invertido en edificios del centro de la ciudad.
Una investigación de KPBS encontró que la organización también es dueña del Centro Regional de Detención Imperial, una de las ocho cárceles para migrantes que opera el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Por más de una década, la fundación ha estado profundamente involucrada en las operaciones del centro de detención, según cientos de páginas de declaraciones fiscales y otros documentos obtenidos por KPBS a través de solicitudes de registros públicos.
La organización es dueña del edificio y del terreno donde se encuentra a través de una empresa subsidiaria llamada Imperial Valley Gateway Center LLC. Hace años, tuvo un papel clave para conseguir el financiamiento y construir el centro de detención cerca de Calexico, a unos 32 kilómetros al sur de Brawley.
Registros públicos de impuestos muestran que la fundación ha usado su estatus como organización sin fines de lucro para obtener al menos $6 millones de dólares en exenciones especiales de impuestos sobre la propiedad del centro de detención desde 2016. Este tipo de beneficios normalmente se reservan para organizaciones benéficas, hospitales, instituciones científicas y grupos religiosos.
Tanto autoridades fiscales estatales como del condado aprobaron esas exenciones. La Junta Estatal de Ecualización de California aprobó la solicitud inicial de la fundación en 2015, y desde entonces el tasador del condado ha autorizado las exenciones año tras año.
La mayor parte de los aproximadamente $40 millones de dólares que la fundación recibe cada año proviene de “cuotas del centro de detención” pagadas por ICE y por Management and Training Corporation (MTC), la empresa contratista con sede en Utah que opera el centro. Eso de acuerdo con Kelley y una auditoría de 2018 presentada ante la oficina del fiscal general de California.
La fundación asegura que su relación con el centro de detención demuestra la capacidad de la organización para encontrar recursos y su esfuerzo por generar empleos y desarrollo en el Valle Imperial, un condado rural donde el 87% de los residentes se identifica como latino y donde es difícil encontrar trabajos bien pagados.
Pero la idea de que un centro de detención de ICE pueda representar un beneficio para la comunidad está, por decirlo de alguna manera, en disputa.
En los años desde que el Centro Regional de Detención Imperial comenzó a detener migrantes, MTC ha sido acusada de no brindar atención médica adecuada, violar los derechos civiles de las personas detenidas y usar el aislamiento como represalia.
Ahora, en medio de la campaña de deportaciones masivas cada vez más letal del presidente Donald Trump, dos migrantes han muerto tras sufrir crisis de salud dentro del centro. Legisladores estatales y federales han propuesto distintas medidas para endurecer las regulaciones sobre las cárceles migratorias federales, incluyendo aumentar impuestos a las empresas contratistas con fines de lucro.
Kristian Salgado, organizadora del grupo pro derechos de los migrantes Imperial Liberation Collaborative, con sede en el Valle Imperial, dijo que la participación de la fundación en el centro de detención es profundamente preocupante.
“No veo al centro de detención como un beneficio para la comunidad, para nada”, dijo Salgado. “No creo que los empleos que genera realmente compensen el daño que provoca.”
Expertos en políticas para organizaciones sin fines de lucro y en el sistema penitenciario estadounidense afirmaron que el acuerdo era inusual. Uno de ellos señaló que planteaba dudas sobre si la fundación debería recibir dichas exenciones fiscales.
"Puedo darles mi opinión personal", dijo Geoff Green, director de la California Association of Nonprofits. "Para mí, eso no suena a un propósito benéfico".
‘Tuvimos que encontrar una organización sin fines de lucro’
En mayo de 2013, la Junta de Supervisores del Condado Imperial se reunió en el edificio administrativo del condado, de color arena, en el centro de El Centro. Estaban ahí para realizar una audiencia pública sobre el acuerdo financiero del centro de detención.
A la reunión asistieron pocas personas. Tom DuBose, consultor del proyecto, explicó los planes para la instalación. (DuBose no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.)
Según DuBose, el centro de detención fue propuesto por Hale-Mills Construction, una constructora con sede en Texas. El proyecto se construiría en el distrito Gateway, un área de unas 1,800 acres alrededor del nuevo cruce fronterizo entre Calexico, una pequeña ciudad estadounidense, y la extensa ciudad mexicana de Mexicali.
El dinero para construir las instalaciones provendría de bonos municipales exentos de impuestos, obtenidos mediante un acuerdo con el condado vecino de La Paz, Arizona.
“Se crearán empleos muy bien remunerados”, dijo DuBose. “Y esperamos que, en el futuro, veamos más proyectos como este”.
Todos los presentes ya comprendían la importancia de los empleos para el condado de Imperial.
La región agrícola rural tiene una de las tasas de desempleo más altas de California. Las agencias gubernamentales locales, las prisiones y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley ofrecen la mayor parte del trabajo, seguidas por la agricultura, según un análisis de 2021 del San Diego-Imperial Center of Excellence for Labor Market Research.
Sin embargo, DuBose añadió algo más. Dijo que los promotores necesitaban una organización sin fines de lucro para participar.
“El tipo de proyecto que es, y la forma en que se financia, requiere la participación de una organización sin fines de lucro”, dijo.
No es inusual que empresas privadas participen en la gestión de centros de detención federales.
La privatización se ha vuelto más común en las últimas décadas, a medida que el gobierno estadounidense ha detenido a un número creciente de inmigrantes, según Colleen Putzel-Kavanaugh, analista del Migration Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington, D.C.
Otro ejemplo es el Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego, administrado por CoreCivic, una empresa privada de prisiones con sede en Tennessee. En el condado de Imperial, el plan inicial era que MTC administrara las instalaciones.
Pero lo que hizo notable el caso del condado de Imperial fue el esfuerzo de los promotores por involucrar a una organización sin fines de lucro. Esto les daría un amplio acceso a bonos exentos de impuestos a través del mercado de bonos municipales, explicó Todd Ely, director del Centro para el Gobierno Local de la Universidad de Colorado en Denver.
Según Ely, los bonos municipales permiten a los gobiernos estatales y locales obtener préstamos rápidamente para grandes proyectos de infraestructura. Los promotores privados solo pueden acceder a ese mercado de bonos a través de ciertas agencias gubernamentales, razón por la cual necesitaban obtener su financiación a través de un condado de Arizona.
Ely afirmó que es lógico que los promotores del centro de detención prefieran bonos exentos de impuestos, que tienen tasas de interés más bajas. También señaló que las organizaciones sin fines de lucro pueden evitar ciertas limitaciones en la cantidad que pueden solicitar en préstamo.
Sin embargo, Ely comentó que el acuerdo en general resulta un tanto extraño.
“Es una estructura que, personalmente, no había visto antes”, dijo Ely. “Se puede apreciar todo el ecosistema que hay detrás del desarrollo de este centro de detención”.
Putzel-Kavanaugh dijo que tampoco conocía ningún acuerdo similar.
“Me intriga que sea una organización sin fines de lucro”, comentó. “Nunca había oído hablar de algo así”.
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'Welfare Exemption'
Conforme avanzaba la audiencia aquella mañana de mayo de 2013, funcionarios del Condado Imperial comenzaron a enfrentar preguntas más directas. Un residente y propietario de terrenos cercanos, Eric Rice, preguntó si el proyecto recibiría algún tipo de exención fiscal.
“Hemos escuchado constantemente rumores de que estará exento de pagar impuestos sobre la propiedad”, dijo Rice. “Y obviamente eso significaría un aumento para todos los demás.”
Los impuestos sobre la propiedad son una fuente importante de ingresos para el gobierno del Condado Imperial, que con frecuencia batalla para conseguir dinero para infraestructura básica. En 2024, el año más reciente con datos disponibles, esos impuestos representaron alrededor del 10% de los ingresos del condado, según la Oficina del Contralor Estatal de California.
El entonces director ejecutivo del condado de Imperial, Ralph Cordova, respondió tajantemente a la pregunta de Rice.
Según declaraciones de DuBose ese día, la oficina de Cordova había apoyado los planes para el centro de detención e incluso había ayudado a revisar la legislación estatal para buscar maneras en que el gobierno del condado pudiera participar. (Cordova no respondió a la solicitud de comentarios).
Sin embargo, el director ejecutivo del condado le dijo a Rice que su gobierno no tenía ninguna potestad sobre los impuestos del centro de detención.
"Ni yo ni el condado estamos en posición de eximir de ningún tipo de impuesto a la propiedad", dijo Cordova. "No tenemos autoridad para hacerlo".
Pero eso no era cierto.
Una oficina del condado, la del tasador del condado de Imperial, tenía la autoridad para eximir del pago de impuestos sobre la propiedad mediante ciertas exenciones, incluida una reducción fiscal estatal especial denominada Welfare Exemption.
Y tan solo siete meses después de aquella reunión de la junta de supervisores, Timothy Kelley presentó su primera solicitud de dicha exención ante la oficina del tasador.
Los votantes de California aprobaron por primera vez la Welfare Exemption en la década de 1940.
Inicialmente, su objetivo era apoyar a hospitales, organizaciones religiosas y organizaciones benéficas, incluidas las fundaciones comunitarias. Desde entonces, la legislatura estatal la ha ampliado para incluir la investigación científica y ciertos tipos de vivienda asequible.
Green, líder de la California Association of Nonprofits, afirmó que la visión era eximir del pago de ciertos impuestos a las organizaciones que ya prestan servicios al público.
“La idea detrás de cualquier organización exenta de impuestos es que su mera existencia es al menos tan valiosa como cualquier impuesto que se pagaría al erario público”, explicó. “Dado que los servicios y los propósitos de la organización son de interés público”.
Obtener esta exención fiscal es un proceso de dos pasos.
Primero, los grupos deben solicitar un certificado especial llamado Certificado de Autorización Organizacional (OCC, por sus siglas en inglés) a la Junta de Igualación de California, que supervisa el sistema de impuestos a la propiedad del estado. Luego, deben presentar su caso ante el tasador del condado correspondiente.
La Fundación Comunitaria de Brawley — y Kelley en particular — inició este proceso apenas unos meses después de la votación de los supervisores, según muestran los documentos obtenidos por KPBS.
Al principio, la Junta de Igualación rechazó la idea. En mayo de 2014, funcionarios estatales emitieron un informe en el que declaraban que la solicitud de la fundación era "incompleta". Señalaron que el propósito declarado de la LLC subsidiaria era construir y operar un centro de detención con capacidad para 781 personas.
“Les informamos que … la actividad principal de la LLC no cumple con los requisitos para la exención por beneficencia”, indicaba el informe de la Junta.
Los abogados de la fundación se opusieron. En cartas obtenidas por KPBS, argumentaron que operar un centro de detención era una causa benéfica porque reducía la carga de trabajo de las agencias gubernamentales. Afirmaron que la fundación priorizaría la colaboración con las autoridades estatales, pero añadieron que su única propuesta por escrito era para trabajar con ICE.
Los abogados también citaron el teatro Brawley y otras renovaciones en el centro de la ciudad como prueba de las iniciativas para mejorar la comunidad.
Los abogados de la fundación afirmaron que el beneficio era importante para el futuro del proyecto del centro de detención. En un informe de septiembre de 2014 que detallaba los beneficios políticos de otorgar la exención fiscal, indicaron que el centro proporcionaría cerca de 200 empleos a tiempo completo y un total de $13 millones de dólares en salarios anuales.
“Para que este desarrollo económico siga avanzando en el segundo condado más pobre de California, la fundación necesita saber si el estado respetará la exención del impuesto a la propiedad y la tratará como a los hospitales y otras organizaciones sin fines de lucro que alivian la carga del gobierno”, decía el informe.
Un año después, los funcionarios estatales respondieron. Habían aprobado la solicitud de la fundación.
Una década de beneficios fiscales
Desde entonces, Kelley ha solicitado cada año la exención fiscal para beneficiarios de asistencia social a la oficina del tasador del condado de Imperial. Y desde 2016, los funcionarios del condado se la han concedido todos los años.
Esto ha reducido drásticamente el valor imponible del centro de detención, eximiendo a la fundación del pago de al menos $6 millones de dólares en impuestos sobre la propiedad durante la última década.
El año pasado, por ejemplo, el centro de detención y el terreno sobre el que se asienta tenían un valor superior a los $75 millones de dólares, según la oficina del tasador. Pero gracias a la exención, la organización sin fines de lucro solo tuvo que pagar impuestos sobre la propiedad por $14 millones de dólares de ese valor total.
Esta exención también ha reducido significativamente la cantidad que la fundación ha aportado a los bonos locales del Distrito Escolar Unificado de Calexico y del Imperial Valley College.
Según la auditoría de 2018 presentada ante la Fiscalía General de California, la fundación creó su filial con el propósito de construir, poseer y operar un centro de detención en el condado de Imperial. La auditoría reveló que la principal fuente de ingresos de la fundación proviene de los detenidos en dicho centro.
Para Green, líder de la asociación de organizaciones sin fines de lucro, el acuerdo general plantea numerosas dudas sobre si la fundación debería recibir esas exenciones fiscales.
Una cosa sería que la fundación se hubiera creado hace 20 años para mejorar la vida de los residentes de Brawley mediante la renovación de edificios antiguos y que posteriormente decidiera incluir el centro de detención en esa estrategia, afirmó. Otra muy distinta sería que el propósito principal de la fundación fuera construir y operar un centro de detención financiado exclusivamente mediante contratos gubernamentales.
“Existe una prueba de apoyo público asociada al estatus de organización sin fines de lucro”, dijo Green. “Hay un par de cosas más que parecerían contravenirla”.
Enfatizó que se requeriría un examen minucioso de cómo se constituyó y financió la fundación a lo largo de los años para determinarlo.
En términos generales, Green señaló que la Welfare Exemption puede variar mucho de un condado a otro. Esto se debe a que los tasadores locales tienen amplias facultades para decidir si otorgan o no dichas exenciones.
"Para bien o para mal, eso entra en el terreno de la política local", dijo Green. "En algunos casos, se puede obtener una respuesta diferente de un condado a otro para una solicitud que, en esencia, es la misma".
Green afirmó que esta es la única exención fiscal estatal que conoce que se gestiona de esta manera.
‘Están lucrando con esto’
Activistas locales por los derechos de los migrantes dicen sentirse confundidos e incómodos ante la idea de que una organización benéfica pueda ser dueña de un centro de detención.
La organización de Salgado, Imperial Liberation Collaborative, ya había alertado anteriormente sobre las condiciones dentro del centro como parte de sus esfuerzos por visitar a las personas detenidas y conectarlas con amistades o familiares.
En una carta enviada en 2022 a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cinco hombres aseguraron que estaban detenidos en “condiciones tortuosas”. Una persona dijo que le servían pollo mal cocido y que un guardia lo vigilaba mientras se bañaba. Otro aseguró que le negaron tratamiento para un dolor de espalda que después resultó ser una condición grave en la columna.
En 2021, Carlos Murillo Vega, quien creció en el Condado Imperial, demandó a MTC por presuntamente mantenerlo en aislamiento durante más de un año. Murillo y MTC llegaron a un acuerdo confidencial a finales de 2023.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el año pasado e inició su campaña de deportaciones masivas, dos hombres originarios de China y Honduras murieron tras sufrir emergencias médicas dentro del centro. En reportes posteriores, investigadores de ICE señalaron que ambos sufrieron complicaciones cardíacas repentinas.
Salgado, integrante de Imperial Liberation Collaborative, señaló que la empresa contratada por ICE para operar el centro es una compañía con fines de lucro.
“La extensión de eso sería MTC”, dijo. “Están lucrando con esto.”
En un comunicado enviado a KPBS, el portavoz de ICE, Jason Sweeney, negó que se utilice aislamiento en el centro. También calificó las denuncias sobre mala atención médica y comida mal cocida como “acusaciones recicladas” por activistas defensores de los derechos de los migrantes que se oponen a la detención de inmigrantes por parte del gobierno federal.
“ICE brinda servicios integrales de apoyo a todas las personas bajo custodia”, escribió Sweeney. “Cualquier muerte bajo custodia de ICE se toma con seriedad y se revisa a fondo conforme a las políticas establecidas.”
Sweeney remitió las preguntas sobre los acuerdos financieros del centro a las empresas contratistas.
Por su parte, Emily Lawhead, portavoz de MTC, rechazó hacer comentarios para KPBS y devolvió las preguntas a ICE.
Funcionarios tributarios estatales y del condado, contactados por KPBS para obtener comentarios, han intentado eludir la responsabilidad de las exenciones fiscales.
Según consta en los registros, la Junta Estatal de Igualación realizó un análisis exhaustivo de los documentos de la fundación.
John Taylor, portavoz de la Junta de Igualación, rechazó reiteradas solicitudes de entrevista. En un correo electrónico, indicó que el personal había revisado una amplia gama de registros de la organización sin fines de lucro, incluidos los documentos fundacionales, los estados financieros, un acuerdo operativo y una carta de exención de impuestos del IRS.
Taylor no especificó si la junta había tomado alguna medida para auditar o verificar las actividades de la fundación. Se negó a explicar por qué la agencia cambió de rumbo tras su primera conclusión, remitiendo a KPBS a los informes de la junta.
En cambio, afirmó que el tasador del condado de Imperial era el responsable de decidir si el uso real de la propiedad por parte de la organización cumplía los requisitos para la exención.
Funcionarios del condado de Imperial indicaron que habían expresado sus dudas sobre las exenciones fiscales al estado.
“Originalmente, la oficina del tasador tenía dudas sobre si este concepto o propuesta calificaría para la exención”, escribió Jack Dunnam, actual tasador adjunto del condado, en un correo electrónico. “El tasador anterior, Roy Buckner, lo presentó a la Junta de Igualación para su análisis y orientación”.
Dunnam compartió con KPBS un análisis de 2015 de la Junta de Igualación que respaldaba la concesión de las exenciones fiscales.
“La oficina del tasador basó su decisión exclusivamente en el análisis y las conclusiones”, escribió Dunnam en un correo electrónico a KPBS. “No tomamos estas decisiones a la ligera, especialmente una como esta”.
‘Una verdadera victoria para todos’
Kelley afirmó que nunca fue su intención ser propietario de un centro de detención de ICE. Sin embargo, aseguró no arrepentirse.
El miembro de la junta directiva de la fundación proviene de una de las familias agrícolas más influyentes del Valle Imperial, quienes, según los historiadores, aún ejercen una gran influencia en la región. Si bien el 87% del condado se identifica como latino, la mayor parte de sus tierras y riquezas se concentran en manos de estos agricultores: un pequeño grupo de familias adineradas, en su mayoría blancas.
(En una llamada posterior, Kelley afirmó identificarse como de ascendencia irlandesa y mexicoamericana).
Kelley es miembro de la junta directiva del Partido Republicano local y fue elegido recientemente para el Consejo de Brawley. Se desempeña como presidente de la Corporación de Desarrollo Económico del Valle Imperial, la cual participó activamente en el desarrollo del centro de detención.
En entrevistas con KPBS, Kelley declaró que crearon la Fundación Comunitaria de Brawley mucho antes de que surgiera la propuesta para el centro de detención. Él y otros funcionarios de desarrollo económico buscaron primero en otras organizaciones sin fines de lucro locales, pero la fundación fue la primera dispuesta a asumir el proyecto.
Según Kelley, las instalaciones estaban originalmente destinadas al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, no al ICE. Añadió que, cuando el proceso de aprobación ya estaba avanzado, comenzaron a colaborar con el ICE. En sus cartas de 2014 a la Junta de Igualación, la fundación menciona reuniones previas con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Pero Kelley afirmó no ver ninguna diferencia entre las operaciones de una organización benéfica pública y las de un centro federal de detención de inmigrantes. Argumentó que muchas instituciones, como los grandes bancos, también tienen organizaciones sin fines de lucro asociadas.
El director de la fundación aseguró que ningún miembro de su junta directiva, incluido él mismo, recibe beneficio económico alguno de las actividades del centro de detención. Esto se confirma en los registros fiscales federales de la fundación, donde no figura ningún salario para ningún miembro de la junta.
Kelley afirmó que consideraba el centro de detención un logro extraordinario para el fortalecimiento de la economía del valle. Añadió que consideraría la construcción de más centros de detención si surgiera la oportunidad.
"Nunca imaginamos que tendríamos la oportunidad de crear tantos empleos", declaró. "Desde el punto de vista de la fundación, creo que es un verdadero éxito, una victoria para todos".
Kelley defendió la decisión de solicitar exenciones fiscales para el centro, argumentando que permiten a la fundación cobrar menos por sus servicios y competir mejor por contratos.
En definitiva, Kelley afirmó sentirse orgulloso del nivel de atención brindado en el centro. Indicó que habían proporcionado a los detenidos acceso a materiales de arte, cursos de formación profesional y adaptaciones religiosas en las comidas.
"Cuando entro allí, veo a personas en circunstancias sumamente difíciles", declaró Kelley. "Pero, dadas estas condiciones, creo que estamos ofreciendo el mejor servicio posible".
(En una llamada posterior, Kelley aclaró que, al hablar de "circunstancias difíciles", se refería a la situación de las personas en Estados Unidos sin estatus legal, no a las condiciones dentro del centro).
Kelley mencionó que ha conversado con otros promotores inmobiliarios privados sobre la posibilidad de construir más centros de detención de inmigrantes en el Valle.
El pasado mes de marzo, un pequeño grupo de activistas se reunió frente al centro de detención.
Se reunieron para recordar a las dos personas que fallecieron tras permanecer recluidas en el centro desde enero. El evento formaba parte de la iniciativa del Imperial Liberation Collaborative, cuyo objetivo era instar a los funcionarios de salud del condado a inspeccionar las instalaciones.
Entre la multitud, Salgado, acompañada de su familia, escuchó cómo otros activistas leían sus nombres en voz alta: Huabing Xie y Luis Beltrán Yáñez Cruz.
Para Salgado, el conocimiento de la participación de la fundación en el centro de detención también ha suscitado interrogantes más profundos.
Esta residente de Calexico, perteneciente a la tercera generación de su familia en la zona, ha intentado comprender la relación de la fundación con el centro de detención desde el año pasado. Salgado se pregunta por qué hubo tan poca resistencia al centro de detención en 2014, el año en que se graduó de la universidad. Según recuerda, le parecía que nadie sabía que se estaba construyendo el centro.
"Parecía que el centro de detención se había instalado a escondidas en nuestro condado", declaró Salgado.
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